La Corte reiteró llamado a regular incapacidades para aprendices
En una decisión reciente, la Corte Constitucional volvió a instar al Gobierno y al Congreso de Colombia a tomar medidas urgentes para regular el derecho de los aprendices al reconocimiento y pago de las incapacidades. Este llamado se dio en el marco del estudio de una acción de tutela presentada por Juanita Alba contra la Nueva EPS y el Congreso de la República.
Juanita, quien se desempeñaba como aprendiz en una empresa patrocinadora, sufrió un accidente de tránsito que le dejó secuelas y la incapacitó por más de 180 días. Sin embargo, la Nueva EPS se negó a pagar las incapacidades generadas después de ese período, amparándose en la falta de una regulación específica.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte evaluó el caso y concluyó que la EPS no vulneró los derechos de Juanita, ya que la Ley 789 de 2002 no contempla el pago de incapacidades por accidentes de origen común después del día 181 para aprendices. No obstante, la Corte reconoció la necesidad de una regulación clara y reiteró su llamado, inicialmente hecho en la Sentencia T-425 de 2021, al Congreso y al Gobierno para que tomen cartas en el asunto.
Actualmente, se está tramitando el proyecto de ley número 166 de 2023, que busca modificar la Ley 789 de 2002 y subsanar este vacío legal. La Corte enfatizó la urgencia de abordar este déficit de protección que afecta a los aprendices, quienes no pueden acceder al pago de sus incapacidades debido a la falta de una normativa adecuada.
La Corte también recordó que el contrato de aprendizaje es diferente al contrato de trabajo, lo que implica que las empresas patrocinadoras no están obligadas a afiliar a los aprendices al sistema general de pensiones. Esta situación limita el acceso de los aprendices al reconocimiento y pago de incapacidades desde el día 181 por contingencias comunes, creando un vacío legal que vulnera sus derechos a la seguridad social.
El magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó parcialmente su voto en esta decisión, mostrando que aunque hay consenso en la necesidad de regulación, también hay diferentes puntos de vista sobre cómo abordarlo. Mas información en la Sentencia T-258 de 2024.
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