Representante Karmen Ramírez radicó proyecto sobre juventudes en el exterior
El proyecto de Ley radicado en Senado propone la inclusión y representación política de juventudes residentes en el exterior en el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ).
Se pretende establecer el marco normativo e institucional para fortalecer el SNJ como principal interlocutor con las instituciones administrativas de distintos niveles y la representación electoral juvenil.
La representante a la Cámara de colombianos en el exterior Karmen Ramírez Boscán explicó que se modificará el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el cual incluye la representación política de las juventudes residentes en el exterior, con la creación del Consejo Territorial de Juventudes Colombianas en el exterior.
Hoy radicamos el Proyecto de Ley No. 49 de Senado, que modificará el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el cual incluye la representación política de nuestras juventudes residentes en el exterior, con la creación del Consejo Territorial de Juventudes Colombianas en el exterior. pic.twitter.com/z2XD2zctXz
— 𝒦𝒶𝓇𝓂ℯ𝓃 ℛ𝒶𝓂𝒾́𝓇ℯ𝓏 ℬℴ𝓈𝒸𝒶́𝓃 (@Wayunkerra) July 30, 2024
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La ‘Reforma Joven’ es el resultado de un proceso inclusivo y colaborativo que ha involucrado a jóvenes de diversas regiones de Colombia, reuniendo más de 300 propuestas que reflejan sus necesidades y aspiraciones. Este esfuerzo ha contado con el respaldo de 36 congresistas miembros de la Comisión Accidental de Juventud, senadores de distintos partidos políticos, y organizaciones internacionales como la Unión Europea en Colombia, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Civix Colombia, PNUD, Extituto de Política Abierta, plataformas de juventud y consejeros nacionales y municipales.
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, originalmente establecido por la Ley 1622 de 2013 y modificado por la Ley Estatutaria 1885 de 2018, requiere adaptarse a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la juventud. La ‘Reforma Joven’ aborda cuestiones críticas como la seguridad en los territorios, la falta de garantías para la participación ciudadana y la baja incidencia en políticas públicas. Estos cambios buscan fortalecer la democracia participativa y asegurar que las voces de los jóvenes sean escuchadas y valoradas en la toma de decisiones.
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